ACTA o la violación de tus derechos en favor de intereses privados.
¿Cómo reaccionarías si tu proveedor de Internet entregara tu información personal y de navegación al gobierno? ¿Qué pasaría si el gobierno -mediante un acuerdo internacional- te prohíbe tener comunicación privada o si eres monitoreado, bajo el pretexto de protección de intereses privados?
De acuerdo con la organización OpenActa.org, el Acuerdo Comercial Anti-piratería (Anti-Counterfeiting Trade Agreemet o ACTA por sus siglas en inglés) es una amenaza para los derechos fundamentales y el acceso a la distribución y conocimiento. Es un reglamento internacional, cuya finalidad sería regular la propiedad intelectual creando un marco legal, pero que en realidad es una legislación que responde a intereses privados. Una respuesta falsa como consecuencia de la globalización actual y el natural incremento de la piratería de obras protegidas o con copyright. El sector en el que opera ACTA es tan amplio que puede abarcar tanto bienes físicos (como medicinas), como la distribución de obras en Internet. Para lograr su objetivo, propone mecanismos de criminalización de ciudadanos a través de la ley de los 3 avisos, la presunción de culpabilidad por descargas, la atribución a los proveedores de servicios de internet para monitorear y entregar información de sus clientes (nombre, dirección, dirección IP e información de hábitos de navegación). Todo esto significa una clara violación a los derechos fundamentales de expresión y de comunicaciones privadas.
La iniciativa de ACTA es turbia. Los países involucrados en las negociaciones y redacción del documento (Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá) no han dado a conocer el contenido de los acuerdos y negociaciones. Aunque las negociaciones de ACTA son secretas, el 22 de mayo de 2008 un documento sobre la discusión del acuerdo fue filtrado a través de Wikileaks. Para el caso mexicano son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Economía quienes llevan a cabo estas negociaciones.
Lo que parecía un acuerdo para proteger los derechos de autor ha desbocado en supuestas restricciones en el uso de Internet, cierre de sitios que permiten descargar archivos (ej: The Pirate Bay), además de que en Estados Unidos, ACTA ha obligado a los proveedores del servicio de Internet a entregar información sobre sus clientes.
En un comunicado, la Free Software Foundation (FSF), dijo que ACTA es un tratado diseñado para atacar los derechos de los usuarios de Internet, mas no proteger los derechos de autor.
“ACTA amenaza (de una manera encubierta), para castigar a los usuarios de Internet de desconexión si se les acusa de compartir, y exige a los países a prohibir el software que puede romper el DRM,” dijo el comunicado de la FSF.
No es de negarse que la piratería en nuestro país sea una de las que más cuesta a distintas industrias (música, cine, tecnología, ropa, etc.), pero atacando el problema con sanciones y criminalizaciones no es la solución. Es momento de que todos estemos informados de la situación de México y de cómo se está negociando nuestra privacidad y derecho de expresión. Está por demás decir que una vez más nuestros gobernantes exponen al país a contextos fuera de la realidad y que si México entra en este marco legal internacional no estaría sino respondiendo (como siempre) a intereses internacionales.
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